Por Esteban Rodríguez Martín portavoz de Ginecólogos DAV,
Presidente de la Comisión Deontológica de Ginecólogos DAV, Portavoz de
la Plataforma de Ginecologos por el Derecho a Vivir y miembro de
CíViCa.- Publicado en infocatolica.com el 13 de Novimbre de 2012
Una de las premisas para ofrecer un diagnóstico prenatal cada vez más
precoz a toda la población de embarazadas está basada en el miedo
Algunos sectores de la ginecología que viven de la eugenesia han
decidido entrar en política para tratar de impedir que el Gobierno siga
adelante con sus planes de proteger la vida del paciente embriofetal, de
manera que siga siendo posible su eliminación. Para ellos, los seres
humanos fetales más graves, ya no serian pacientes, sino desechos reproductivos que deben ser eliminados en aras del progreso, del derecho de autodeterminación de la madre y en beneficio de la sociedad.
La semana pasada, un importante diario de
corte izquierdista, se hacía altavoz de la iniciativa de dos
ginecólogas dedicadas al diagnóstico prenatal que han promovido una
movilización de la profesión en defensa de la «ley Aido» mediante la
solictud de adehesión a un manifiesto que han elaborado. Las promotoras
de esta iniciativa son Pilar Martínez Ten, que actualmente centra sus trabajos de investigación en la Clínica Delta en el análisis ecográfico tridimensional del fenotipo de los seres humanos con cromosomopatía y otros síndromes, y Begoña Adiego, también trabajadora de Clínica Delta y dedicada al diagnóstico prenatal.
Dice el conocido diario que han conseguido 645 firmas de profesionales
dedicados al mismo negocio de la detección precoz de anomalías, que
podría verse perjudicado si eliminar a los pacientes fetales no fuese
legal. En el documento redactado por estas ginecólogas y que ha sido
entregado a Fernando Román, Secretario de Estado de Justicia, se dice,
entre otros tópicos, que «la decisión de interrumpir el embarazo causa
mucho sufrimiento. Si la ley no permite la interrupción de la gestación
en estos casos [de anomalías fetales graves], a la dramática situación
se sumará el desamparo legal que sufrirán las gestantes». Pero más bien lo que les preocupa es una disminución en la demanda de los servicios que prestan y
la persecución por la justicia de todos esos licenciados que asesoran
en el sentido de eliminar a los pacientes graves y a aquellos que
terminan por cometer el feticidio. De estar realmente preocupados por
las mujeres tendrían en cuenta que al drama de tener un hijo con
anomalías pretenden sumar el trauma de su eliminación intencionada.
Una de las premisas para ofrecer un diagnóstico prenatal cada vez más
precoz a toda la población de embarazadas está basada en el miedo. Los
defensores del diagnostico prenatal abortista entienden que la población
cada día accede más tarde a la maternidad y cada vez se tienen menos
hijos al ser promocionada la ideología de la planificación familiar. Como se tienen pocos hijos y a edades avanzadas, la población demanda que se le garantice la «normalidad», sostienen. En
efecto, la maternidad tardía hace que la probabilidad de anomalías
fetales aumente y el temor a tener un hijo discapacitado justificaría
para ellos la necesidad de ofertar el diagnóstico prenatal «para
decidir» a toda la población gestante.Su universalización, raiz del
negocio, se justifica por la dificultad establecer verdaderos factores
de riesgo.Para ellos, el riesgo es equivalente ser mujer embarazada, de
manera que sostienen que «todo feto es un malformado hasta que no se
demuestre lo contrario».
Con este alarmismo tremendista se promueve el miedo a la enfermedad y al sufrimiento,
para generar demanda, desde los sectores de la ginecología que viven de
la eugenesia y que ahora ven amenazado su negocio si se pretende
proteger la vida de todo paciente fetal eliminando cualquier tipo de
discriminación por razón de edad o de salud. Si no se pudiera eliminar
al enfermo, la razón de ser del diagnóstico prenatal sufriría un gran
varapalo.
Especialmente elocuente sobre el negocio de la eugenesia a través del
diagnóstico prental universal es lo que se dice en la introducción del
libro «Nociones para el Diagnóstico Prenatal de Malformaciones
Embrionarias y Fetales» publicado en enero de 2011 por José Bajo Arenas,
siendo presidente de la SEGO y Joaquín Díaz Recasens, siendo presidente
de la sección de ecografía de la SEGO. Destacamos la declaración de
intenciones eugenésicas que mueve oficialmente a estas sociedades: «La ventaja de diagnosticarlos tempranamente en el primer trimestre radica, como es simplemente deducible, en la mayor facilidad y menor riesgo de interrumpir la gestación» (pag.7)
En España, en último año fueron eliminados unos 3300 seres humanos tras el diagnóstico prenatal bajo el supuesto eugenésico,
la cifra asciende a 11000 si computamos los últimos cuatro años, y a
45000 si lo hacemos desde 1985 en el que comenzó la despenalización de
este supuesto. Son pocos si los comparamos con los abortos por otras
causas, sólo suponen un 3% del total, pero de ellos el 100% de sus
madres pasaron por el negocio del diagnóstico prenatal eugenésico.
Curiosamente, la probabilidad de que en la naturaleza se dé una
malformación congénita (leve o grave) es de ese mismo 3%. Ello quiere
decir que en el 97% de las mujeres que acuden a estos negocios todo será
normal, pero todas acuden a ellos y muchas con la intención de poder
eliminar al hijo en caso de que se le diagnostique algún defecto. ¡Un
gran negocio a pesar de que «sólo» aborten el 3%! Algunos feticidios
serán directamente acometidos en las unidades que se encargan de su
detección, otros nutrirán los establecimientos del aborto y la
contracepción por recomendación de los primeros.
Las ginecólogas promotoras de la iniciativa apelan a los conocidos tópicos de los abortistaspro-decisión
para seguir generando miedo. Apelan al tópico de que abortar es una
«decisión muy difícil», que «obligar» a tener un hijo que nacerá con
discapacidad o corta esperanza de vida supone mucho «sufrimiento», que
tendrán que «irse a otros países» en los que la vida no esté protegida,
que aumentaran los «abortos clandestinos» aunque por personal
cualificado que los harán al margen de la ley, que los que cometan el
crimen (madres y ginecólogos) quedararán en «desamparo legal», que por
«compasión» es preferible «interrumpir» la vida de una persona que
morirá pronto, que nacera con gran discapcidad o que necesitará de
ingentes recursos para su cuidado.
Sin embargo, todos estos argumentos no son de tipo médico ni racionales, sino políticos o emocionales,
es más; son contrarios a la deontología médica y por supuesto no son
representativos del sentir de la profesión sino de un sector que vive de
ello y que es presa fácil del espíritu que domina, con mentiras, al
mundo.
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