El
debate aún sobrevuela en un ámbito filosófico-jurídico-científico, si bien en
2009 un tribunal italiano redujo en un año la sentencia de un asesino porque
los peritos identificaron en él un gen, el MAOA (monoaminooxidasa-A), asociado
a carácter violento y conducta antisocial. Es evidente que las acciones de las
personas dependen de factores como su personalidad, sus genes, sus
circunstancias y sus entornos sociales. ¿Qué margen le queda a la libertad
individual? El dilema es tan viejo como el hombre: el destino frente a la
elección personal, el determinismo contra el autodominio. Violentos y
delincuentes siempre tienen razones para sus delitos: venganza, necesidad,
ofuscación, justicia... El contrato social, las normas de convivencia y esa
ley natural inscrita en el corazón humano establecen unos límites, unos juicios
y unos castigos.
Pero
si esa conducta ilegal está predeterminada, ¿merece más comprensión judicial y
social? “Un error común es pensar que si se identifica una causa habría excusa
o mitigación del hecho delictivo”, afirmaba Stephen Morse, profesor de Derecho
de la Universidad de Pensilvania, en The Verge.
Y
Jorim Tielbeek, neurocientífico y criminólogo del Centro Médico de la
Universidad de Amsterdam, coincidía con Morse: una “predisposición genética
hacia la comisión de un delito no significa necesariamente disminución de
responsabilidad”. Aunque los científicos hayan establecido vínculos, “no hay
relación predictiva clara entre un gen y un acto criminal, pues puede haber
cientos de genes involucrados en la conducta delictiva, y cada uno tendría un
efecto muy pequeño”.
A pesar de un puñado de
ejemplos controvertidos, el uso de la configuración genética no parece estar
teniendo gran impacto en los procedimientos judiciales. Un estudio aparecido
en agosto de 2012 en Science analizó el efecto de la genética en las condenas
de psicópatas y encontró que la sentencia promedio es de 13 años cuando se
presentaban propensiones genéticas y de 14 cuando no era así. “No difiere mucho
de cualquier otra cosa que ya se esté utilizando para sopesar las penas”,
comenta Kevin Beaver, criminólogo de la Universidad Estatal de Florida, como
unos padres con antecedentes, una pandilla violenta o abusos infantiles.
En un estudio de este año en
Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law (42; 91- 6 100, 2014), Paul Appelbaum, psiquiatra
de la Universidad de Columbia, presenta el impacto de los genes agresivos en
los casos de homicidio a través de una encuesta con 250 personas: la mayoría
son renuentes a aceptar las reclamaciones de responsabilidad disminuida o
peticiones de reducción de penas sobre la base de excusas genéticas. Y en un
ensayo del mes pasado en Neuron (82; 946-949, 2014), Appelbaum alertaba de los
riesgos de la introducción prematura de condicionamientos genéticos en los
tribunales: “Las supuestas asociaciones entre genética y conducta no son
demasiado reales, y pueden ser malinterpretadas por los jurados”, salvo la de
que “el cromosoma Y es el factor principal para la violencia”, apostilla Morse.
(José Ramón Garate. Diario Médico 21/27-VII-2014)
